En este primer post y, a modo de presentación, y con una opinión muy personal en todo el contenido del mismo, creemos que todo el mundo debe saber cual es el sistema legal español y, digo saber, porque la mayoría de la población, seguramente desconozca este sistema.
Esta mayoría de población, residente en España, desconoce a qué nos atenemos si incumplimos un deber; muchas veces, ni sabemos que tenemos la obligación de cumplir ese deber que estamos incumpliendo y, ante todo, no sabemos a ciencia cierta, cuales son nuestros derechos y mucho menos la forma de ejercerlos.
Está claro que en cada ámbito vamos a tener unos derechos y deberes, pero ¿sabemos, más o menos, cuáles son nuestros deberes y derechos generales? ¿Sabemos cuáles son las consecuencias de no cumplir un deber o no ejercer un derecho? y, sobre todo, ¿sabemos donde tenemos que informarnos de cuáles son nuestros derechos y deberes?
Hay un concepto que dice que las normas que rigen nuestra vida en sociedad (art. 9.3 Constitución) son públicas y, efectivamente lo son, están publicadas en el BOE, y en los distintos Boletines Oficiales de las Provincias o en los tablones o páginas web de entes locales (por ejemplo: Ayuntamientos). Ahora bien, ¿sabemos leerlas? ¿interpretamos bien lo que significan? ¿están realmente hechas para beneficiar el funcionamiento de una sociedad? Todas estas preguntas son las que vamos a intentar ir, tanto dando nuestra opinión, como explicando las interpretaciones que se han dado de una norma, como la interpretación que humildemente y profesionalmente le damos desde El Juridista (y siempre dentro de nuestro ámbito de conocimiento legal).
Habiendo realizado esta pequeña introducción, lo primero que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos es que somos nosotros los que decidimos a quien le damos la posibilidad de gestionar el Estado, una CC.AA. o un Ayuntamiento y, por lo tanto, de gestionar nuestras vidas (indirectamente hablando). Quien gestione el Estado, una CC.AA. o un Ayuntamiento; va a tener el poder de realizar normas que van a afectar directamente a nuestra vida en sociedad y a nuestras interacciones sociales. Por lo tanto, deberíamos diferenciar, desde el punto de vista de la ciudadanía, que nuestro voto lo damos para quien creemos que hará una buena o mejor gestión, comparatívamente con otros, no deberíamos votar a quién queremos darle solo poder porque creemos que nos va a beneficiar más. La Constitución dice en su art. 1.2 que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Por lo tanto, el poder reside en el pueblo y, con nuestro voto elegimos a quienes van a gestionar nuestro poder como ciudadanos.
Debemos tener muy en cuenta, que las leyes y normas que rigen nuestras vidas emanan de las personas a quienes damos el poder de gestionar el Estado, la CC.AA. o un Ayuntamiento y, esas normas, nos van a afectar a todos.
A partir de este punto, podemos deducir varios aspectos de la forma en que está formado el sistema legal del Estado Español.
Lo general y más sencillo de explicar, a groso modo y sin entrar en detalles, es que una Ley para ser aprobada, primero pasa por el Parlamento (como proyecto o anteproyecto de Ley), de ahí se remite al Senado (que la vetará o no, aunque el veto sirve de más bien poco), del Senado vuelve al Parlamento, que por mayoría absoluta o mayoría simple, aprobará esa Ley o, sino dispone de esa mayoría, no se aprobará (a este último punto ni se llega, si la ley va al Parlamento, es para ser aprobada).
Entonces cuál es la ventaja de dar una mayoría absoluta a un partido político. La única ventaja es, bajo mi punto de vista, el poder que damos a un partido político para que apruebe las leyes y normas, que en nuestro favor por una mejor vida en sociedad, este desee sacar adelante. Lo demostrado en este Estado Social y Democrático de Derecho que tenemos desde el año 1978, es que las mayorías absolutas solo han servido para que el partido político en el Gobierno haga y deshaga a su antojo, sin contar, ni siquiera con sus propios votantes, y mucho menos con los partidos de la oposición. Al final se gobierna a «golpe de decreto» sin respeto alguno por opinión ciudadana y con la ventaja de que el control de los órganos judiciales que pueden echar por tierra tanto decretos como leyes también son controlados por un Gobierno con mayoría absoluta.
A mi modo de ver esta forma de Gobierno con mayorías absolutas que, se dedican a no escuchar al ciudadano, que además en muchos casos les han votado, son más dictatoriales que democráticas. El Parlamento debería ser un lugar donde las personas (porque no dejan de ser personas) a las que hemos dedo el poder de gestionar, deberían ponerse de acuerdo y realizar conjuntamente el trabajo que les está encomendado y no discutir sobre vanalidades y echarse las culpas unos a otros sin realizar una gestión eficiente, acorde con el cargo que ostentan.
Las Leyes deberían ser normas que nos guiaran y pusieran orden a la vida en sociedad y no ostentaciones de poder dedicadas solamente al beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. No hace falta llegar a los extremos para darnos cuenta de que la vida en sociedad necesita leyes que ayuden a la mayoría de las personas a vivir mejor, no leyes con las que se ejecuten deberes incumplidos porque no tenemos normas que hagan que los incumplidores tengan, en muchísimos casos, la posibilidad de cumplir con la ley impuesta (por ejemplo: un salario digno).
Podemos ir a cualquier juzgado, en cualquier momento y darnos cuenta, de que, en este país, la justicia sigue beneficiando a los pocos que pueden pagarla, que no se invierte nada en esa Administración y que no se puede agilizar más gracias a la falta de inversión en ella. Esto solo beneficia a quien comete un delito mayor, pues la lentitud de la justicia, de las investigaciones juega en su favor, pero quien tiene el poder de gestionar la justicia, no invierte nada en que funcione mejor y si en redactar leyes que son difíciles o imposibles de implantar en la práctica por el deficit tecnológico y humano existente en las administraciones.
Podemos desarrollar leyes buenísimas, que sino desarrollamos primero la Administración, de poco van a valer, dado que no se podrán poner en marcha nunca. Esto sigue beneficiando a unos pocos y, normalmente a quien puede cometer un delito, defraudación o, en general, incumplimiento de la Ley en su mayor medida.
Deberíamos tener, como país, mucho más claro en qué debemos invertir y que leyes desarrollar, normalmente vamos parcheando leyes y no invertimos ni tiempo, ni dinero en hacerlas con la coherencia necesaria para poder ponerlas en funcionamiento. No invertimos en que los ciudadanos tengan más posibilidades de aprender, de desarrollarse como personas y de tener posibilidades de que alcancen sus objetivos. Actualmente los Gobiernos solo legislan para cumplir unos parámetros que nos venden y nos revenden, sin que realmente entendamos esos conceptos.
Yo, por ejemplo me pregunto ¿para qué bajar las listas del paro si el salario no me va a permitir ni pagar un alquiler? yo a esto lo llamo exclavitud, o ¿para que limitar, por ley, el tiempo de una instrucción sino hay inversión para que se agilicen las investigaciones judiciales de los delitos más comunes, que por otra parte, duran más de 6 meses actualmente? Esto es más bien, publicidad gratuita. ¿Para qué paga la Administración a grandes empresas sino paga a las pymes que son las que daban más y mejor trabajo en este país y, las cuales han quebrado, gracias a los impagos de la Administración?
Nuestros votos deberían ir a la gente que realmente gestione eficientemente y que sepamos que van a desarrollar leyes que realmente nos ayuden a vivir mejor en sociedad.
