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PONENCIA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ERA DIGITAL EN ESPAÑA

Año 2022: En qué punto digital se encuentra la Administración de Justicia en España

En febrero de este año 2022 recibí un mensaje vía LinkedIn de una Universidad mexicana. Cuál fue mi asombro. Querían contar conmigo para que realizase una ponencia sobre legaltech y tecnología aplicada al Derecho de forma independiente durante el XV CONGRESO INTERNACIONAL “E-JUSTICIA DESAFIOS Y PROSPECTIVAS EN IBEROAMÉRICA”.

¡Menuda responsabilidad!

Dada mi condición de funcionario de carrera de la Administración de Justicia en España y trabajando también de forma independiente como copywriter y redactor de contenido jurídico, y conociendo las aplicaciones que el mundo digital puede tener en el sector jurídico (el llamado Legaltech), no lo dude, tenía que participar en ese Congreso.

Las nuevas generaciones, estas que han sido educadas con una tablet y un teléfono móvil en la mano tenían que conocer qué tecnologías se estaban empezando a aplicar y en qué situación se encontraba cada país a la hora de implementarlos.

Por ello, elegí realizar mi conferencia sobre cómo se encuentra la Administración de Justicia en esta nueva era digital en España.

No sé si muchos de mis colegas estarán de acuerdo conmigo si escucháis la ponencia o, si lo preferís leéis el post, puesto que es una transcripción casi literal de la misma.

Lo que sí sé, es que el sector jurídico debe cambiar, debe actualizarse y entrar en esta era digital. De lo contrario, tendrá que hacerlo deprisa y corriendo, a la fuerza. Esto no será bueno y retrasará tanto el sector como las administraciones públicas de cara al futuro de las comunicaciones con el resto de los ciudadanos.

Os dejo con la ponencia. Tened en cuenta que mi ponencia empieza en el minuto 2:00:09 y que la ponencia completa dura 4:50:00. Por si queréis escuchar a más ponentes que participaron en el Congreso (Jueces, Abogados y demás profesionales jurídicos).

Espero que os guste y que podáis sacar vuestras propias conclusiones.

EN QUÉ MOMENTO DIGITAL SE ENCUENTRA LA ADMÓN. DE JUSTICIA EN ESPAÑA

En España, no nos engañemos, básicamente trabajan de forma digital en la Audiencia Nacional. El resto de Juzgados y Tribunales españoles seguimos trabajando con un mínimo de herramientas digitales.

Es decir, que seguimos acumulando papel y papel en los armarios de los Juzgados. Creando procedimientos extensos tomo a tomo. Mi armario tiene más de 300 procesos de ejecución civil, ¡y solo es el mío! Tengo 7 compañeras más.

Sí, es verdad tenemos un programa de gestión bastante potente. Ha debido ser una inversión importante. El problema es que se para a menudo y ralentiza bastante toda la tramitación.

Las infraestructuras son más importantes que los programas, porque sin ellas el resto no funciona. Y aquí, en mi país, se empezó la casa por el tejado. Se vendió una transformación digital que realmente no existe.

Solo usamos programitas como cualquiera de vosotros podéis usarlos en vuestra casa. Pero la realidad es que la Justicia española es que sigue sin tener una alta digitalización y sigue siendo lenta gracias a la falta de inversión en infraestructuras y en el uso de inteligencia artificial.

Sí, también creo que debería usarse IA. Agilizaría de forma brutal la tramitación de muchos procedimientos y el ciudadano podría resolver alguno de los problemas legales más habituales en cuestión de días y no de meses o años como pasa ahora.

Paro llegó la pandemia y desde marzo de 2020 la justicia vive una digitalización a marchas forzada.

Pero…, ¿realmente existe tal transformación? Pues no, la realidad es que se está parcheando. Además, existe la problemática de que muchas Comunidades Autónomas tienen transferidas competencias y usan programas diferentes.

Sé que me dirán que son compatibles, pero no solo no es práctico sino, que además, en muchos casos hay que invertir en otros programas que hagan compatibles dichos programas de gestión.

¿De verdad no podemos trabajar todos los funcionarios con la misma herramienta de gestión y tramitación de procedimientos?  

Llegamos a Jueces y Letrados de la Administración de Justicia. Aun teniendo que redactar menos documentos, sus resoluciones son las importantes.

Al igual que el sector jurídico, la mayoría de Jueces y LAJ viven en una era anterior y, además, muchos de ellos, no quieren adaptarse a los nuevos procesos digitales. Algo que, no solo les hace trabajar mucho más, sino que ralentiza la finalización de los procedimientos.

Por último, los grandes olvidados del sector jurídico español, los abogados y fiscales. Al final son los profesionales que luchan por defender los intereses de sus clientes o del Estado, en el último caso.

¿Cómo es posible en la era que nos encontramos que todavía no puedan ver digitalmente desde sus despachos cuál es el estado del procedimiento y tengan que estar llamando o redactando escritos a los juzgados para conocerlo?

Es más, ni siquiera los funcionarios podemos acceder muchas veces de forma online a la tramitación de procedimientos concretos de otros juzgados o a las resoluciones que han dictado, y puedo asegurar que en muchas ocasiones es necesario.

En muchos países de Latinoamérica, esto ya es una realidad y, en España, sigue siendo utópico. Nos basamos en un sistema extremadamente legalista que no nos deja modificar el sistema judicial. Está claro que hay que proteger los derechos constitucionales, pero… ¿de verdad no podemos avanzar por culpa de no saber protegerlos?

Por supuesto que hay riesgos de hackeos, pero serían mínimos si los sistemas tienen la suficiente seguridad y control. Es más, ¿por qué no contratar hackers para programar estos sistemas? Ahí lo dejo.

El denominado Legaltech debería haber llegado para quedarse y para desarrollarlo con rapidez. Estamos en el siglo XXI y, a veces parece que trabajamos en el siglo XIX. Solo nos falta llevar a caballo las notificaciones y emplazamientos.

POR QUÉ DEBERÍA INVERTIRSE EN DIGITALIZAR LA JUSTICIA ESPAÑOLA

La falta de inversión en infraestructuras, la implantación de programas que funcionan mal por no tener redes lo suficientemente modernas y el notable arcaísmo de todo el sector jurídico español, de tooooodo el sector, incluidos Abogados y Procuradores, solo hace que la justicia española siga funcionando mal.

Es lenta, tediosa y poco resolutiva.

La justicia, en la mayor parte de los casos debería ser rápida y eficaz. Sobre todo, porque la mayoría de los procesos se resuelven con pruebas documentales. ¿Para resolver esto hace falta realmente alguien que tome una decisión?

Desde el punto de vista de la Justicia hay dos objetivos primordiales: impartir justicia y hacerlo a tiempo.

Para lo segundo, avanzar tecnológicamente nos da una gran ventaja que ayudará al ciudadano, pues todos los procesos son digitalizables y, por tanto, se pueden transformar en datos.

A partir de ahí, todo es susceptible de ser mejorado para ayudar en el comportamiento de las personas, para organizarnos mejor y para el desarrollo mismo de la tecnología, ya que el objetivo que se pretende con este tipo de tendencias es acertar, algo primordial en la Justicia. En ese sentido, esta tecnología es futuro. Nos permite predecir las opciones a un escenario y esto, desde el punto de vista de la resolución de conflictos, ayuda mucho.

De momento, hoy podemos decir que, en pocos casos podríamos usar máquinas para resolver conflictos. Pero en un futuro próximo deberían usarse.

  • En primer lugar, porque no es necesaria la celebración de juicios orales en la mayor parte de los casos, con lo que esto aligera la agenda.
  • En segundo lugar, porque no existen los sentimientos a la hora de valorar las pruebas.
  • En tercer lugar, porque no cabrían recursos contra estas decisiones puesto que se habrían tomado de forma totalmente objetiva.

Solo con esto, ¿cuánto creéis que se aligeraría la agenda de un juzgado?, ¿qué necesidad de intervención humana habría en este tipo de procesos? y, ¿cuánto tardaría en tramitarse cualquier proceso puramente documental?

Porque sin llegar al asombro, funcionarios como yo somos los que realmente realizamos todo el trámite y redactamos la mayoría de las resoluciones, aunque luego sean firmadas por Jueces, Magistrados y Letrados de la Admón. de Justicia.

Por ejemplo: durante un proceso de ejecución de una sentencia civil, el funcionario redacta el auto, el decreto, realiza los embargos, redacta los oficios que debe dirigir a otras entidades, etc.

¿Y si esto fuese automático?

Bueno, podría darse. Es verdad que hay que tener en cuenta cómo está legislada la tramitación del procedimiento, pero en el caso de una ejecución lo único NO AUTOMATIZABLE ahora mismo es la posible oposición de la parte ejecutada.

Y digo ahora mismo porque, al igual que estamos obligados tener una dirección postal, en los tiempos que corren deberíamos empezar a estar obligados a tener una dirección de correo electrónico. O simplemente, que se pudiera dar traslado de la demanda a cualquier ciudadano a través de su teléfono móvil.

Y ahora, pasemos a la redacción de Sentencias, Autos y Decretos.

  • ¿De verdad hay que seguir buscando y rebuscando jurisprudencia para poder fundamentarlas?
  • ¿No se puede implantar ya un sistema donde el Juez/LAJ pueda directamente buscar qué ley o jurisprudencia aplicar son solo dar un par de palabras clave?
  • ¿No sería mejor darle los hechos a un programa y que este nos devolviera la jurisprudencia y leyes que pueden ser aplicables al caso?

Es más, ¿por qué siguen los Jueces, Magistrados y LAJ españoles redactando todo a manita cuando existen programas de dictado por voz y transformación de audio en texto tan buenos que les evitarían redactar la mayoría de las resoluciones?
Habría que editarlas, eso sí, pero la redacción sería evitable en la mayor parte.

Imaginad la celebración de un juicio oral, por supuesto se graba. Teniendo unos buenos sistemas de audio y grabación, un buen programa de transformación de audio en texto podría evitar redactar la mayor parte de una sentencia.

El Juez solo tendría que coger la parte de audio que le interesa, transformarla en texto y editarla. Se tarda bastante menos que tomando apuntes durante el juicio o volviendo a ver todo el juicio.

Por poner un ejemplo actual, el Departamento de Registros de apoyo a la actividad judicial, explicó cómo utilizan la automatización para cancelar de oficio los antecedentes penales. Gracias a este sistema -implantado totalmente desde marzo de 2021- el año pasado se cancelaron 242.000 antecedentes penales, beneficiando a 230.000 personas. Además, se ahorraron 7.000 horas de trabajo por parte de funcionarios y funcionarias.

Desde enero de 2021 se han celebrado más de 65.000 juicios telemáticos. 

También se está utilizando ya la inteligencia artificial, con la textualización automática de grabaciones -más de 287.000 desde 2021. Aunque este sistema es muy mejorable dado que los medios de la mayoría de los juzgados españoles no llegan al nivel necesario para que pueda producirse una conversión de audio a texto de gran nivel.

Igualmente, durante este año 2022 se ha dado un impulso a través del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital de la Justicia, uno de los tres grandes proyectos elaborados por el Ministerio de Justicia para impulsar la modernización definitiva de los juzgados para 2030.

Pero, hoy en día son solo palabras escritas, lo que necesitamos son hechos.

VENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial se usa ya en muchos procesos productivos y comerciales. Aun así, como siempre, el sector jurídico parece resistirse a las mejoras. El miedo al cambio es mucho más profundo en este sector que casi en cualquier otro.

Según diferentes profesionales jurídicos:

  • En un primer lugar, más realista y alcanzable, el cambio consiste «en adaptar lo que ya tenemos en la sociedad a la justicia«. Por ejemplo:
    • las videollamadas son ya algo aceptado,
    • que sea común comparecer en un juicio a través del móvil;
    • que sea posible pagar multas o embargos en los juzgados con un datáfono, «como pagamos normalmente en las tiendas».
  • En un segundo plano, más futurista, las posibilidades se amplían. Se abre la puerta a:
    • utilizar chatbots para tratar con los ciudadanos que quieran saber cómo va su procedimiento; ¿una consulta sobre qué dato poner en alguna de las casillas de la declaración de impuestos no la puede contestar un robot?
    • utilizar la mediación electrónica para resolver conflictos a través de Internet, donde pueden entrar en juego las soluciones de conflictos automatizadas. Cuando no hay sentimientos no entran en juego las emociones a la hora de tomar decisiones y la resolución del conflicto es más lógica y perdurable en el tiempo.

No obstante, según la mayor parte de los profesionales jurídicos, «no habrá jueces robots, ni ahora ni en un futuro reciente«. Tampoco «abogados robots», porque detrás de lo digital siempre habrá un criterio humano que tendrá que imponerse.
Algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Los criterios humanos se basan en emociones. Es el mismo proceso que cuando compramos. Por muy objetivo que se quiera ser, siempre se tomará la decisión basándose en una emoción, algo que una máquina nunca hará.

Aun así, hay voces que no están muy de acuerdo con la llegada de jueces-robot. Según estos, hay que poner límites legales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Y no son partidarios, porque si bien las técnicas de predictibilidad y de IA pueden ser útiles a la hora de dictar sentencias, “el juez humano no debe ser sustituido por el puro dato”, porque faltaría lo que aporta la inteligencia humana. “Conocer los datos ayuda a tomar la decisión, pero no sustituye la decisión”.

QUÉ CLASES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PODRÍAN USARSE

Imaginad que a través de una máquina/robot, se puedan analizar los gestos de un testigo o un acusado en un juicio oral para saber si dice la verdad. Molaría, ¿verdad? Existe y se llama PNL (Procesamiento del Lenguaje Natural).

En un juicio, un dispositivo podría identificar y alertar al juez si detecta «una contradicción entre lo que ha dicho un testigo en un momento determinado y lo que dijo en fase de instrucción».

De igual forma, una maquina podría valorar los elementos objetivos de un accidente como la velocidad o la trayectoria del vehículo y decidir si existió dolo eventual o imprudencia.

Una aplicación podría realizar una simulación de un juicio para intentar predecir el sentido del fallo con jurados de distintas características. Los futuros abogados os estaréis frotando las manos ahora mismo. Pero tranquilos, creo que vuestro trabajo futuro no será tratar de convencer sino de encontrar pruebas que no dejen dudas de que vuestro cliente tiene razón. Las máquinas harán el resto.

La gestión de las pruebas electrónicas será de vital importancia para los Abogados. La tecnología blockchain, más allá del universo del bitcoin y las criptomonedas, servirá para constituir pruebas con base en documentos privados que podrán ser presentados ante el juez «con todas garantías procesales». Una posibilidad que ya se está abordando en futuras reformas de leyes europeas.

INCISO ¿QUÉ ES EL BLOCKCHAIN?

Según la Encuesta Global Blockchain 2020 de Deloitte, esta tecnología es hoy una de las principales prioridades estratégicas para el 55% de las organizaciones. Además, el 83% de los encuestados señaló que perderán competitividad si no suman esta tecnología a sus procesos internos.

Blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros.

Una blockchain es una base de datos distribuida. ¿Y eso qué es…? Pues una base de datos que no está en un solo sitio y gobernada por una sola persona, sino que está repartida en distintos ordenadores o nodos que son todos igual de importantes.

Cada uno de los bloques de datos se encuentra protegido y vinculado entre sí, permitiendo la participación de determinados usuarios (cada uno, asociado a un bloque). Así, la transacción no la verifica un tercero, sino la red de nodos (computadores conectados a la red), que también es la que autoriza en consenso cualquier actualización en la Blockchain.

Vamos a poner un ejemplo. Pensad en una construcción de bloques de Lego. Cada bloque es una operación de blockchain. Y cada vez que se pone un bloque nuevo, ese bloque lleva toda la información de todo lo anterior, que no se puede modificar ni borrar. ¿Cómo se acepta que a todos los nodos de la cadena les pongan un bloque nuevo? Ahí está la clave: blockchain plantea un reto matemático a los nodos y el primero que lo resuelva envía la solución (única, pues es matemática) a los demás.

Si la mayoría certifican que el resultado es cierto, ese bloque es aceptado por todos y pasa a formar parte de la cadena, con toda la información anterior y la certificación imborrable del momento en que se hizo esa operación. Así, la red funciona por consenso entre las partes. Es inviolable. Una vez aprobada una operación en el libro maestro, ya no se puede eliminar ni modificar.

Por tanto, la tecnología blockchain cumple la función de registrar, conservar y proteger la información de cualquier tipo de operación digital, sin intervención de terceros. En otras palabras, opera como una base de datos compartida y continuamente actualizada, lo que facilita el intercambio de activos y la gestión de contratos inteligentes, entre otras opciones.

Imaginad esta tecnología aplicada a través de ordenadores cuánticos… Si ahora es rápida, luego será un visto y no visto.

Imagina como ejemplo un contrato de compraventa. Imagina que quieres vender una casa y firmas lo que en España se denomina “contrato de arras”, es decir, el comprador te adelanta 20.000 euros de los 100.000 euros que le cuesta la casa.

Eso sí, el comprador debe formalizar la compra antes de 30 días, de lo contrario deberá devolverte 40.000 euros. Pues ahora imagina que no cumple con el contrato, y un minuto después de que se cumpla el plazo, recibes en tu cuenta 40.000 euros.

Nadie dio la orden: la base de datos oficial vinculada al smart contract fue la condición cumplida para que el sistema te indemnice, sin que ningún humano mueva un papel.

¡Ojo al ahorro de trámites a la compañía y al ahorro de papeleos, tiempo y cabreo para el cliente!

Imagina ahora que mezclamos blockchain con internet de las cosas y lo llevamos a los trámites judiciales. ¿Podría la aplicación de gestión judicial pasar al siguiente trámite sin que lo diga un ser humano? Sí, contundentemente. Una vez se cumplan las condiciones y los abogados hayan alegado, la aplicación judicial podría automáticamente pasar al siguiente trámite judicial. Es más, en muchos casos, cumplida la condición procesal podría dictar sentencia inmediatamente sin que lo toque un juez.

Pero es el futuro.

SIGAMOS CON MÁS CLASES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una última cosa, bajo mi punto de vista, las Sentencias y demás resoluciones judiciales en la mayor parte de los casos deben tener una forma escrita:

  • Primero porque leemos mucho más rápido que vemos, por ejemplo, un video.
  • Segundo porque es más fácil editar algo escrito que algo que se dicta oralmente.
  • Tercero y último, porque por escrito la argumentación de la resolución es más sencilla de desarrollar.

Pero esto no puede impedir a Jueces, Magistrados y LAJ usar herramientas e inteligencia artificial para mejorar la forma y velocidad a la que dictan sus resoluciones.

Existe, al menos yo conozco una herramienta de dictado por voz y transformación de audio en texto, focalizada en el ámbito y léxico jurídico que reduce considerablemente el tiempo de la redacción de Sentencias y otras resoluciones judiciales.

Para el que quiera ahondar más aquí, puede ponerse en contacto conmigo para que pueda realizarle una demostración cualquier día. Ahí tenéis mis correos electrónicos.

Además está desarrollada totalmente en España y con tecnología e Inteligencia Artificial propias. No se basa en Google ni en tecnologías de otras grandes empresas mundiales. Con lo que la ventaja es considerable porque está totalmente adaptado al lenguaje jurídico español y, por tanto se puede usar en cualquier país de habla hispana.

Por supuesto, que hablo de la reducción de tiempos para dictado de resoluciones, pero ¿y si aplicamos estos sistemas de inteligencia artificial a la redacción de escritos por parte de abogados y fiscales?

¿Y si los funcionarios pudiéramos utilizar este sistema para tramitar los procedimientos?

Seguro que me dejo muchas cosas e ideas por el camino, porque las ideas para transformar el mundo jurídico, a través de las nuevas tecnologías puede ser infinitas, pero ahí os dejo estas preguntas.

BENEFICIOS DE LA DIGITIALIZACIÓN Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMÓN. DE JUSTICIA

Aunque es pronto para hablar de jueces robots, un grupo de estudio formado por magistrados de diferentes jurisdicciones -que ha adoptado el nombre «Tecnología, Inteligencia artificial y administración de justicia»- que investiga la aplicación del blockchain para “algoritmizar y automatizar tareas y decisiones judiciales”, estudia, en este sentido, la posibilidad de que se dicten sentencias automáticas.

En este sentido, la investigación que ha de realizarse debe estar asesorada por profesionales tecnológicos y, sobre todo, expertos en inteligencia artificial, que son escasos actualmente.

Pero veo un fallo de base. Toda tecnología aplicada al derecho debe cumplir con la máxima de respetar los derechos constitucionalmente establecidos. Y esto es un handicap importante. ¿Por qué? Porque limita muchísimo la puesta en marcha de cualquier sistema tecnológico.

Pongamos un ejemplo, imaginad que queréis poner en marcha vuestra Firma de Abogados, rellenáis todo el papeleo, firmáis los contratos de alquiler de vuestro despacho, etc. Pero sois tan perfecionistas que hasta que no tengáis un ayudante en condiciones, el despacho esté pintado a vuestro gusto y no os hayan creado un logo que os guste, no vais a empezar a captar clientes.

Así no empezaréis nada nunca. Lo suyo es empezar e ir optimizando. Lo demás se llama “miedo al fracaso”.

Pues bien, con las nuevas tecnologías y el derecho pasa lo mismo. Es tan legalista el sistema que se habla mucho y se hace poco. Es decir, nunca se empieza hasta que no exista ningún fallo previsible en el sistema. Lo dicho, nadie quiere comerse el marrón de que se produzca un error, “miedo al fracaso”.

¿Qué pasa? Que se tarda tanto en empezar que cuando la justicia se quiere adaptar a la sociedad, esta le ha pasado por encima. Y vuelta a empezar, porque habrá otra tecnología superior y habrá que volver a adaptarse.

Hay que minimizar errores en el sistema, sí, estoy de acuerdo. Pero hay que empezar para poder optimizar los nuevos sistemas judiciales. Y para eso hay que empezar.

Veamos ejemplos para poder ir desarrollando y optimizando sistemas de decisiones judiciales tomadas a través de inteligencia artificial:

  • Resolución de divorcios de mutuo acuerdo: las partes rellenan un formulario y el ordenador desarrolla el documento que legaliza la ruptura matrimonial sin necesidad de que medie un juez.
  • Resolución de procesos de desahucio por impago de rentas: se rellena un formulario, se avisa a la parte que se supone ha impagado y si no se justifica se resuelve de forma automática.
  • Resolución de procedimientos de reclamación de cantidades adeudadas (monitorio o cambiario): se rellena un formulario, el juzgado requiere de pago automáticamente a la otra parte y sino contesta o si paga, se resuelve de forma automática. Es más, podría automatizarse hasta la transferencia del dinero desde el juzgado al demandante.

El recurso a la Inteligencia Artificial puede ser una forma de descargar de trabajo a los jueces, LAJ y funcionarios, agilizando los procesos de manera espectacular. Hay que tener en cuenta que la IA puede analizar en segundos lo que un humano tardaría días en leer.

Esto, en los casos de macroprocesos con miles de folios que llegan, por ejemplo, a la Audiencia Nacional, ayudaría a que el juez pueda saber inmediatamente qué diligencias se han practicado en la investigación y cuáles restan por ser llevadas a cabo.

Asimismo, se podría poner en marcha una oficina judicial automatizada para mejorar el acceso de los ciudadanos con herramientas que faciliten la labor de los propios funcionarios y para echarle una mano a los abogados.

Principales ventajas del uso de la inteligencia artificial:

  • Automatización de procesos: los sistemas informáticos permiten desarrollar tareas rutinarias y repetitivas sin la intervención del ser humano. De esta manera el abogado tendrá tiempo para lo que realmente importa.
  • Mejora la creatividad: no tener que desarrollar tareas repetitivas y rutinarias permite que los abogados puedan tener tiempo para desarrollar tareas más creativas.
  • Consigue mejorar la precisión de los profesionales: gracias a tecnologías como la inteligencia artificial, los profesionales jurídicos serán mucho más precisos y menos propensos a errores que cualquier humano podría tener en el desarrollo de su profesión.
  • Reduce el coste del tiempo empleado para analizar documentación: se acabó el estar horas y horas analizando sentencias, doctrina y procedimientos judiciales. La IA permite el análisis de datos casi al instante, permitiendo elaborar informes adecuados al tipo de trabajo que se desarrolla en un momento determinado.
  • Mejora en la toma de decisiones: poder elaborar informes precisos gracias a la gran cantidad de datos que la inteligencia artificial puede analizar, permite tomar decisiones dinámicas, rápidas y eficientes.
  • Aumento exponencial de la productividad: evitando pérdidas de tiempo absurdas, mejorando la toma de decisiones y aumentando la creatividad de los profesionales jurídicos, el aumento de la productividad está más que asegurado.

La Inteligencia Artificial podría utilizarse también para controlar y organizar la labor de los propios jueces y juzgados. Se podrá monitorizar la inspección de los jueces en función de las sentencias que pongan, el número de auto o los asuntos tratados y saber con exactitud qué juzgados tienen más carga de trabajo.

Aquí, y aunque estoy terminando, quiero hacer otro inciso importante:

¿POR QUÉ NO EXISTEN INDICADORES KPIs EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES?

Un indicador clave de rendimiento (KPI) se utiliza para medir la eficiencia, la productividad y el éxito de un proceso con el fin de simplificar y agilizar la toma de decisiones.

Con los programas actuales, al menos en España, sólo se pueden sacar estadísticas banales que valoren poco más que los resultados de los trámites, pero no se pueden valorar dónde se falla en las tramitaciones.

  • ¿Por qué se tarda tanto a veces en realizar un trámite sencillo?
  • ¿Por qué un funcionario es mucho más rápido tramitando que otro?
  • ¿Por qué alguien tramita de forma excelente la ejecución de una hipoteca y, sin embargo tarda mucho en tramitar una ejecución de familia?

Son ejemplos de cómo optimizar el sistema.

Haciéndose este tipo de preguntas podemos incluir indicadores KPI en los juzgados. Optimizaríamos la tramitación de los procedimientos porque conoceríamos dónde se falla y/o quién falla.

Tendríamos a los funcionarios en los puestos de trabajo óptimos para sus conocimientos y facultades. La justicia sería mucho más rápida teniendo a cada uno en el puesto de trabajo que le gusta. Y si a esto le aplicamos nuevas tecnologías, ¿quién creéis que ganaría? Sí, la sociedad, el ciudadano, todos nosotros.

El ahorro en dinero público sería enorme y la capacidad de resolución sería acorde con lo que nos demandan los ciudadanos.

Pero como siempre, todo dependerá de la capacidad y ganas de invertir dinero en todos estos nuevos instrumentos tecnológicos. Porque ahora puede resultar caro, pero en el futuro tendremos un tremendo ahorro económico en cualquier país.

Pero… ¿a quién quiere seguir gobernando un país le beneficia realizar una inversión que el ciudadano pueda percibir como un gasto? ¿Le beneficia que otro suba al gobierno y se beneficie de la inversión realizada por él?

Por culpa de la política, la lucha de poderes y la falta de consenso, la justicia, entre otras muchas cosas no avanza a la velocidad que debería.

Y TERMINO CON EL ANÁLISIS DE RIESGOS, AUNQUE YA LO HE AVANZADO

De igual forma, se están investigando herramientas de análisis de riesgos con el fin de identificar la cantidad de errores que puede cometer una máquina. No vale de nada implantar un sistema judicial moderno y digitalizado con inclusión de inteligencia artificial, si luego los errores que se cometan son elevados. El margen de error, que siempre lo habrá, debe ser residual y debe poder corregirse.

Pero bueno, como ya podéis predecir, toda esta transformación se podrá llevar a cabo en cualquier país siempre y cuando quieran los Gobiernos y parlamentos de cada uno de ellos. Es decir, siempre que la clase política quiera. Y este es el escollo más difícil de superar.

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