LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL.

En este artículo quiero definir a un nivel social qué es y para que sirve la incapacitación judicial de personas. Socialmente esta forma jurídica aunque parece ser conocida tiende a confundirse a menudo con la discapacidad de una persona y, partiendo de esta base debemos saber que no dan lugar a los mismos derechos ni a la misma protección jurídica.

¿CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL DE UNA PERSONA?

Debemos partir de diferenciar bien la base jurídica del proceso de incapacitación.

En el blog de Derecho Civil de IuxLex Abogados nos orientan especialmente sobre este tema.

Una enfermedad o la deficiencia de carácter físico o psíquico no es un criterio objetivo para determinar incapacitación judicial de una persona. Es decir, no todas las personas con discapacidad tienen que ser necesariamente declaradas incapaces.

Lo que va a determinar la declaración judicial de una persona es su carencia de autogobierno. Es decir, la persona a la que se pretende incapacitar debe estar privada de discernimiento suficiente para la adopción de decisiones relativas a su situación personal y patrimonial.

Este va a ser el punto de partida necesario para solicitar la incapacitación judicial de una persona.

TIPOS DE CAPACIDAD.

Debemos igualmente diferenciar cuáles son los tipos de capacidad de una persona según el Código Civil.

De esta manera conoceremos desde el principio qué es lo que realmente se está instando de la autoridad judicial y qué es lo que esta va a determinar con la sentencia de incapacitación.

Capacidad jurídica: Todas las personas, incluidos los incapacitados judicialmente, pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Por ejemplo todas las personas pueden ser propietarias de una vivienda, de acciones o pueden ser herederos. La capacidad jurídica solo se extingue con la muerte de la persona.

Capacidad de obrar: La ostentan todas las personas mayores de edad mientras no sean privadas de ella, total o parcialmente. Las personas incapaces y los menores de edad carecerán de capacidad de obrar. Todo ello supone que no pueden firmar contratos o aceptar una herencia sin la asistencia de otra persona, en su caso el padre, madre o tutor legal que represente a la persona.

¿CÓMO SE VA A DETERMINAR LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL DE UNA PERSONA?

La situación de posible incapacidad judicial de una persona está provocada por el padecimiento de una enfermedad o deficiencia física o psíquica, de carácter permanente, que va a privar a una persona de su capacidad de obrar.

Con el hecho de proteger a estas personas tanto a nivel personal como patrimonial, dado que no poseen una voluntad consciente y libre, ni suficiente discernimiento para adoptar decisiones adecuadas a ese nivel personal y de administración patrimonial, la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus arts. 756 y siguientes prevé el proceso de declaración de incapacidad de las personas.

Nuestro ordenamiento jurídico impone que la incapacitación judicial de una persona sólo la podrá declarar un Juez mediante Sentencia.

El Código Civil exige como requisito ineludible que las discapacidades o deficiencias físicas o psíquicas sean persistentes en el tiempo y que impidan a la persona autogobernarse.

SUPUESTOS DE INCAPACITACIÓN JUDICIAL DE UNA PERSONA.

Debemos distinguir, en todo caso, dos supuestos:

Cuando el menor presuntamente incapaz lo siga siendo a la mayoría de edad.

Mientras una persona es menor de edad la capacidad de obrar de estos va a ser ejercida por quien ostente su patria potestad, es decir, normalmente los progenitores. Cuando antes de cumplir los 18 años, sea previsible que la persona menor de edad continúe siendo incapaz, es aconsejable iniciar el procedimiento de incapacitación mientras sea menor de edad, con el fin de que siga siendo incapaz cuando cumpla la mayoría de edad.

Van a poder promover el proceso de incapacitación quienes ejerzan la patria potestad, o en su caso, la tutela del menor.

La incapacitación judicial de personas mayores de edad.

Esta situación se da, como ya hemos visto, al sufrir la persona mayor de edad una enfermedad o daño físico o psíquico que impida su autogobierno.

Pueden promover la declaración de incapacidad el presunto incapaz, su cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.

Además, el Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas anteriormente no existieran, o no la hubieran solicitado.

EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INCAPACIDAD.

Incapacidad total.

La impone el Juez cuando la persona carece de capacidad total de autogobierno tanto personal como patrimonialmente.

Incapacidad parcial.

Se impondrá por el Juez cuando el incapaz pueda realizar algunos actos por si mismo, pero que para ciertas actuaciones de mayor transcendencia o complejidad necesitará la asistencia de otra persona.

En este sentido la Sentencia va a tener que determinar para qué actos puede el incapaz actuar por si mismo y para cuales va a necesitar asistencia.

Otro efecto de la sentencia de incapacidad es que es reversible, es decir, no tiene por qué ser para siempre.

La Ley permite que sobrevenidas nuevas circunstancias, se pueda iniciar un proceso con el objeto de dejar sin efecto la incapacitación acordada por Sentencia, o que se modifique la establecida en dicha Sentencia.

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