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TIPOS DE EMPRESAS QUE ESTÁN OBLIGADAS A CONTAR CON UN CANAL DE DENUNCIAS

El canal de denuncias es un mecanismo impulsado por la Directiva del Parlamento Europeo y el Ministerio de Justicia de España, con el objetivo de proteger a los denunciantes que trabajen en determinadas empresas ante posibles infracciones y otro tipo de consecuencias, en función de los derechos y las políticas de la Unión Europea.

Como su nombre indica, un canal de denuncias es un medio que podrá ser utilizado de forma segura por los trabajadores de una empresa para hacer denuncias puntuales, desde el conocimiento de blanqueo de capitales hasta el incumplimiento de una legislación enfocada hacia el tema medioambiental. 

¿En qué consiste el canal de denuncias?

El canal de denuncias es un mecanismo o medio que, como comentamos anteriormente, tiene por objetivo básico proteger a los denunciantes ante irregularidades dentro de la empresa en la cual trabajan. Es una herramienta o canal utilizado para proteger a quienes hacen las denuncias, sin embargo, no es obligatorio para todas las empresas. 

La herramienta debe estar desarrollada de tal forma que garantice, en todo momento, la confidencialidad del denunciante, lo que se puede traducir en más seguridad para esa persona. La forma de hacer la denuncia debe ser sencilla y fácil de comunicar. El objetivo de la misma es que los empleados puedan denunciar conductas o situaciones que consideren irregulares para el funcionamiento de la empresa.

Esta herramienta es fundamental para evitar infracciones e incluso cualquier otro tipo de represalias externas o internas, lo que puede llevar a las personas a renunciar, al informar lo que sospechan. De ahí la importancia de que el canal sea accesible y garantice la confidencialidad en todo momento. 

Empresas que deben tener un canal de denuncias

El canal de denuncias es una herramienta que, para ciertas empresas, es de carácter obligatorio. En este sentido, las empresas y entidades públicas que tengan más de 50 trabajadores están obligadas a gestionar un canal de denuncias interno.

Las empresas, tanto privadas como públicas, deben implementar este medio de denuncia. Sin embargo, las empresas que tengan entre 50 y 249 trabajadores, también dispondrán de un período de transición para implementarlo, siendo la fecha límite establecida el 17 de diciembre de 2023. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la forma de creación de este canal, puede ser por vía telefónica, por correo postal o de forma online. Lo importante en todo este proceso, es que el canal sea transparente y garantice la confidencialidad del denunciante. Para ello, los datos del denunciante deberán ser tratados de acuerdo con la normativa de protección de datos europea (RGPD) o las leyes de protección de datos particulares que, en el caso específico de España, es la LOPDGDD. 

La organización también debe elegir una persona encargada, tanto para gestionar como también para hacer seguimiento a la denuncia. Es una tarea especialmente diseñada para un trabajador del área de recursos humanos, algún miembro de la dirección, el director financiero, el consejo de administración de la compañía, e incluso, el responsable del departamento de ‘compliance’. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los plazos, el tiempo que tiene la empresa para comunicar la denuncia al denunciante es de 7 días, y después de ese momento, dispone de tres meses para comunicar al denunciante las medidas adoptadas en función de la investigación y los resultados obtenidos de la misma. En este sentido, todas las empresas con más de 50 trabajadores están obligados a informar de la denuncia, tanto al propio denunciante, como a las autoridades. 

Es importante destacar que el canal de denuncias no es exclusivo para los trabajadores, sino que también debe ser de fácil acceso para los socios, e incluso para los proveedores. Las empresas, además, están obligadas a almacenar los datos correspondientes de las denuncias en un lugar seguro, siempre con el objetivo de proteger la identidad de cada denunciante y facilitar el seguimiento de la denuncia, para determinar si la misma tiene justificación o no.

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